BRECHA
16-05-2022
Antonio Quevedo Susunaga
Los feminicidios en Nuevo León pusieron a prueba a la fiscalía estatal, en el caso de Debanhi en donde no sólo hubo negligencia sino que la dependencia que debe ser la garante de las investigaciones imparciales en la administración de justicia, quedó demostrado que no es confiable, como el papá de Debanhi, Mario Escobar, tampoco creyó en las investigaciones de dicha dependencia y ordenó su propia investigación, cuyos resultados fueron filtrados desde la fiscalía estatal al periódico el País y a la comentarista Azucena Uresti.
La pregunta que me formuló es a quién protege la fiscalía de Nuevo León.
El dictamen que tuvo que pagar el papá de Debanhi, Mario Escobar, lo ordenó con sus propios recursos porque en la Fiscalía de Nuevo León lo estaban engañando. Es el papá que está luchando por investigar con sus propios recursos para saber la verdad y alcanzar la justicia, en el asesinato de su hija. La Fiscalía que debe realizar investigación, porque son “especialistas”, porqué son pagados por los “mexicanos” y porque no debemos “hacernos justicia por nuestra propia mano”, resulta que son los grandes criminales que están tratando de proteger a “alguien” y tratan de distorsionar los resultados.
Alguna autoridad debe poner orden en esta y en todas las fiscalías que se prestan a “estos negocios ilícitos”.
La fiscalía de Nuevo León, como la de muchos estados del país, están podridas.
Desde que la fiscalía de Nuevo León inició una pésima investigación, porque así le convenía a sus intereses, dijeron que había sido un accidente la causa de la muerte de Debanhi, cuando la investigación que ordenó el papá reflejo que fue una violación y muerte violenta.
El Congreso de Nuevo León debe actuar de inmediato para destituir al fiscal y poner a una persona confiable ante esta institución que es la garante de los ciudadanos.
Este hecho que está ocurriendo en la Fiscalía de Nuevo León, debe alertar las fiscalías de todos los estados porque hay la presunción de que hay intereses económicos, políticos que determinan la aplicación de la justicia, como ocurre en los Supremos Tribunales de los Estados.
La fiscalía general de justicia de Sinaloa tiene otro caso que nos preocupa mucho a los periodistas, el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, como el caso de Humberto Millán y de Oscar Rivera, asunto que archivaron y no investigó.
El gobernador de Nuevo León debe tomar cartas en el asunto como el Congreso de la Nuevo León, para poner orden en dicha fiscalía o de lo contrario, seguirán sacando investigaciones a modo.
En el caso de Sinaloa, estos hechos deben prenderle las alertas al gobernador Rubén Rocha Moya para evitar que haya “resoluciones a modo”, como han ocurrido en el Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa.
La transformación debe llegar a Sinaloa, no sólo quedarse en el discurso o en un planteamiento demagógico, ya que hay el 96 por ciento de las denuncias impune, y otro tanto parecido, no denuncian los delitos porque no le tienen confianza a la fiscalía.
Es indiscutible que hay mucho trabajo por realizar tanto en los Supremos Tribunales de Justicia como en la fiscalía general, debido a que este actuar de las autoridades alienta las venganzas.
En Sinaloa, el gobernador y los alcaldes le deben poner atención especial a la prevención de los delitos, hay un descuido grave que se refleja con los levantados o los asesinatos que cometen arrojando a las víctimas en las afuera de la ciudad.
Es importante destacar que, en Sinaloa, hay la confianza en que el gobernador y su equipo, cuidarán que haya eficiencia en la administración de la justicia, en el caso de los periodistas y en todos los crímenes.
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