Líneas de comunicación sobre la iniciativa del Ejecutivo Federal de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

  • En el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados rechazamos la iniciativa del Ejecutivo Federal para modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación, facultad que es exclusiva de la Cámara de Diputados. No avalaremos ninguna concentración y abuso de poder.
  • Ninguna situación extraordinaria debe justificar la destrucción de los contrapesos al Ejecutivo Federal, la división de poderes y la violación de la Constitución. El siguiente paso sería la dictadura.
  • Con el pretexto de la crisis económica, la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria fomenta la discrecionalidad del gasto y elimina facultades de fiscalización de la Cámara de Diputados.
  • Las y los Diputados del PRI estamos en contra de validar que una sola persona decida el destino de los recursos de las y los mexicanos en situación de emergencia. Estos actos se prestan para el mal manejo de los recursos, la arbitrariedad, la falta de transparencia y el abuso de poder.
  • La Ley ya establece el marco de actuación cuando se presentan estas contingencias. La Secretaría de Hacienda tiene facultades para la aplicación de normas de disciplina presupuestaria cuando disminuyen los ingresos. No estamos de acuerdo en dotar mayores facultades a esa Secretaría por encima de las responsabilidades legales de la Cámara de Diputados.
  • Ningún “ajuste al cinturón” del sector público debe violar los derechos de los trabajadores. Nos preocupa la probable violación a los derechos laborales de los servidores públicos. El artículo 127 de la Constitución establecerá claramente que sus remuneraciones serán irrenunciables y determinadas anualmente, por lo que es imposible disminuirla durante ese periodo. Este inmerecido castigo a los servidores públicos va a terminar en una nueva ola de amparos; además de ser una verdadera injusticia eliminar los aguinaldo de los trabajadores del sector salud, que son quienes hoy están en la primera línea de batalla de la crisis sanitaria.
  • El Fondo Metropolitano ya cuenta con reglas de operación claras para que sus recursos se destinen a programas y proyectos de infraestructura. De aprobarse la iniciativa, se desviarían esos recursos al otorgamiento de créditos y apoyos, podría dejar a un lado la cobertura constitucional del derecho a los servicios básicos, infraestructura vial, movilidad urbana, espacios públicos, entre otros. Además, de que en estos momentos de crisis, la inversión pública es una forma de activar la economía y generar empleos.
  • Esta iniciativa solo está centrada en la forma en la que se ejercerá el gasto, pero no establece ninguna medida dirigida a contener la grave caída de los ingresos presupuestarios, los cuales podrían disminuir por más de 700 mil millones de pesos.
  • La disminución de ingresos afectará gravemente a las Entidades Federativas, y en la iniciativa no se considera ni una sola medida de contención y apoyo a los estados y municipios, por el contrario, se les quiere quitar el Fondo Metropolitano que es detonador de desarrollo local.
  • El contenido de esta iniciativa podría ser motivo de una acción de inconstitucionalidad. Con irregularidades, intromisión en facultades exclusivas y la tentación de que dos poderes se reúnan en una sola persona.

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