POBREZA HUMANA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Sonia Escalante López
Doctora en Derecho

¿BRINCA LA TABLITA O NO LA BRINCA?
INSTITUTO DE PENSIONES DE SINALOA

El tema de la jubilación en la administración pública en el Estado de Sinaloa, es incierta, por una parte las Autoridades han comunicado a través de algunos medios de comunicación del cuantioso desvió de recursos  del Gobierno malovista, entre este probablemente parte del patrimonio  de las aportaciones para la jubilación de los trabajadores del Estado y por otra la arbitrariedad de la que han sido objeto los trabajadores del Estado.

Evidentemente, en el año 2009  se promulgó la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa cuya iniciativa original enviada por el Poder Ejecutivo, era muy lesiva para los trabajadores. Sin embargo, gracias a la movilización de los trabajadores y a las negociaciones entabladas por el Comité Ejecutivo en turno del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, en una asamblea general que contó con la presencia de autoridades estatales, se logró que el requisito de la edad biológica se redujera significativamente, que se otorgara aguinaldo a los jubilados, que la aportación del trabajador fuera 7.75 en vez de 10.75%, entre otros aspectos que beneficiaban al trabajador

En ese mismo año 2009  por mandamiento de la Ley, los trabajadores tuvieron la opción de decidir entre el régimen de  cuentas individuales y el de trabajadores en transición, sin embargo, en el año  2010, 2011, 2012 se fueron los primeros jubilados de acuerdo a la tabla establecida en el artículo Décimo Primero Transitorio de la Ley.

Lamentablemente, posteriormente al llegar en el año 2013 como Director General del IPES el Ingeniero Francisco Javier Pinedo, en el Gobierno Malovista se empieza a dar  otra interpretación a la Ley, específicamente  sobre el texto “[años en que se jubilen]” que a decir en los años 2010 al 2012 a los trabajadores se les reconocía como el año que cumplían con la antigüedad requerida, es decir, si el trabajador cumplió en el período 2010-2012 los 25 años de servicio (en el caso de una mujer) y si cumplían adicionalmente los 47 años de edad, en ese mismo año se fueron jubiladas. Sin embargo, a partir del 2013 se le otorga otra interpretación a la Ley, por supuesto con agravio a los derechos humanos de los  trabajadores

Esto es, un trabajador que cumplió sus 25 años de servicio (en el caso de una mujer) en el año 2015 y contaba con 45 años de edad, según la primera interpretación le correspondía jubilarse en el 2018, que es precisamente el año en que la trabajadora cumple los 48 años de edad establecidos como requisito para el periodo 2013-2015, ahora con la interpretación que le otorga el IPES es que la trabajadora se irá hasta el año 2020, ya que en el 2018 se requieren 49 años de edad biológica y la trabajadora no los cumple sino hasta el año 2019, pero resulta que para ese periodo (2019-2021) se establece el requisito de 50 años de edad, mismos que no cumplirá la trabajadora del ejemplo, sino hasta el año 2020.

Es así que, la ley es clara el problema es de los funcionarios que carente de toda humanidad y con el propósito de atentar en contra de los trabajadores interpretan a su consideración las leyes  en complicidad con los dirigentes sindicales, porque en ese lapso de cuatro años no se realizó ningún pronunciamiento por parte del Secretario General del STASE en defensa de los derechos humanos laborales de los trabajadores.

Obviamente, las sociedades evolucionan el derecho cambia y las personas cada día deben de ser más responsables en su función encomendada pero sobre todo apremia la humanidad para tener un mundo mejor.

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