BRECHANDO
27-06-2024
Antonio Quevedo Susunaga
En México, los mexicanos están indignados contra el Poder Judicial, sea federal o estatal, porque son una casta que está obstaculizando la transformación de México y esa es la razón fundamental por la cual, los mexicanos votaron por el Plan C en las pasadas elecciones.
La señora Norma Piña y los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales federales no deben complicar la transformación, deben entender que es algo importante que puede ayudar al crecimiento no sólo del país, sino de los mexicanos que puedan valorar en otro nivel el papel de la justicia.
La gente de escasos recursos le tiene “miedo al Poder Judicial”, la experiencia que tiene gente de escasos recursos ante los tribunales es muy negativa, siempre el pobre sale castigado, porque la justicia cuenta mucho.
La señora Norma Piña no puede seguir atrás de la trinchera en la que ha convertido a la Suprema Corte, como tampoco deben actuar con toda impunidad dejando libre a delincuentes a cambio de beneficios económicos como se presume.
Es lastimoso que la élite del Poder Judicial de la Federación no sean sensibles a la gran inconformidad que hay entre los mexicanos por usar uno de los poderes como si se tratara de un partido político de la oposición.
Los magistrados se olvidaron del honor que es presidir los actos de justicia en un país como México y actuando como abogados del nivel de los abogados “huizacheros” que es el profesional que “gana” los pleitos con mentiras y maniobras.
Estos cambios que está viviendo los mexicanos, que es la transformación del Poder Judicial, implica que las fiscalías federales y de los estados sean transformadas, no es posible que sigan el camino como la dirige la abogada Sara Bruna, en Sinaloa, que no se han dado cuenta la forma como está decidiendo.
Es una vergüenza el papel de la fiscalía en Sinaloa, cuyas resoluciones se realizan en la secretaría general de gobierno bajo el nombre de la fiscalía, hasta donde se sabe, al parecer esto es lo que está sucediendo en el gobierno de Rubén Rocha.
El hecho de que el gobierno de Sinaloa sea de Morena, esto no es una garantía para los sinaloenses, razón por la cual, debe haber una transformación en el poder judicial de los estados y las fiscalías son el número uno.
El papel que está haciendo el fiscal Alejandro Gertz Manero, es una vergüenza, sigue esas oficinas una caja de corrupción, como siempre lo ha sido, la transparencia no paso por estos lugares en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Las autoridades judiciales de Sinaloa, desde el momento que han actuado bajo la consigna del gobernador Rocha Moya, en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en contra del rector Jesús Madueña y contra Héctor Melesio Cuén y su familia, no se vale usar el poder de esta forma, es indígnate, es reprobable, es ofensivo para los sinaloenses.
Desde siempre, los poderes judiciales han sido muy atractivos para el poder económico, llámese empresarios, gente poderosa económicamente o la elite del narcotráfico que ha convertido a los jueces y magistrados en sus empleados, este es un secreto a voces. Esto tiene que terminar.
El otro aspecto que debe atender es que el poder judicial no tenga a decenas de detenidos sin sentencia, prácticamente están secuestrados en las cárceles mexicanas.
Los poderes legislativos deberán hacer una buena reforma de este poder, que termine con los privilegios, con la forma cómo opera ante las demandas de amparos de gente poderosa, como es el caso de Salinas Pliego, que ha sido protegido para que no pague los impuestos.
Y también se debe terminar que el poder judicial no siga siendo el camino para favorecer a empresas extranjeras por encima de los intereses de los millones de mexicanos.
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