Manuel Cárdenas Fonseca
Senador
Se vuelve impostergable reducir el despilfarro de recursos públicos en los partidos políticos. Esto es una añeja demanda que se ha visto revolcada en la demagogia y la temporalidad del ánimo de quienes controlan el voto en las Cámaras legislativas del orden federal.
Mentiras y engaños han sido la constante en las dos últimas reformas legales para el tema del financiamiento de los partidos políticos a pesar de que varios hemos advertido de ese abuso. Sigue siendo lastimoso que tengamos partidos políticos apoltronados en la complacencia de la sociedad. Para mí, eso es un robo descarado basándose en la actitud sólo “testimonialista” de la sociedad y sus electores quienes no aciertan a pasar de la denuncia y el reclamo a hechos reales que impongan su voluntad
Es por ello que, ahora que nuevamente se les mueve la hormona a varios dirigentes y con el ánimo de que no vuelva a ser sólo palabrería, es que impulso una iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de atender de manera integral la necesidad de reducir el costo de la democracia en México y contar con un cuerpo legislativo más sólido, menos oneroso y más representativo de la voluntad popular expresada en las urnas.
De lo anterior se desprende la imperiosa necesidad de señalar que las dos fórmulas que se han utilizado históricamente en México han propiciado la discrecionalidad y el incremento exponencial permanente de los recursos que se otorgan, generando partidos multimillonarios y burocratizados frente a una sociedad pobre y con muchas necesidades.
Insisto en que es necesario establecer una fórmula nueva, sobre un valor fijo y no sobre valores cambiantes, que evite que en el corto plazo tengamos que enfrentar el problema que hoy queremos solucionar.
Para 2017 los partidos políticos recibirán más de cuatro mil 50 millones de pesos, el equivalente al presupuesto programado para la CNDH, el INEE, la COFECE y el INAI juntos. Esto es realmente preocupante, es un agravio a nuestra pobreza y una resultante de no avanzar en nuestra democracia hacia mejores mecanismos y sin que sean tan onerosos.
Mi propuesta se actualiza a pesar de que en años anteriores he combatido este dispendio en estructuras electorales de simulación y cero trabajo de cultura democrática desde los partidos políticos y nuevamente responde a la exigencia de la ciudadanía de reducir los gastos onerosos que se destinan cada año a los partidos políticos y a la necesidad de modernizar el trabajo, costo y conducción del Congreso de la Unión por lo que planteo como sus principales puntos:
1. Reducir 50% el financiamiento público a los partidos políticos sobre la base del recurso público (originado en nuestros impuestos) otorgado en el año 2017, con el propósito de contar con mayores recursos para atender necesidades sociales y promover un uso más responsable de los mismos por parte de estos organismos de interés público y combatir su burocratización. Adicionalmente propongo reducir de 3% a 1.5% el porcentaje para calcular el financiamiento público para actividades específicas.
2. Modificar la fórmula para el cálculo del financiamiento público para evitar hacerlo sobre factores crecientes e inestables y con ello propiciar que no se incremente exponencialmente el financiamiento a los partidos políticos. Se propone partir del 50% del financiamiento aprobado para gastos ordinarios para el año 2017 e incrementar esta cantidad un 1% anual y 2% en año electoral. Los incrementos serían marginales y los partidos se acostumbrarían a trabajar con menos recursos, más propuestas y, en todo caso, aportaciones de militantes y simpatizantes que no sean manipuladas como sucede actualmente al dispersarlas en personas que ni siquiera saben que se les cargó una aportación, la misma proveniente de quien sabe quien.
3. Modificar la fórmula de repartición de la bolsa de financiamiento público para pasarla de 30% igualitaria y 70% en proporción a votación obtenida en la elección inmediata anterior (que existe actualmente) a 50% igualitaria y 50% de acuerdo al porcentaje de votación obtenida. Con ello, se busca avanzar en la equidad de las contiendas electorales.
4. Eliminar el financiamiento público que otorgan las entidades federativas para los gastos ordinarios de los partidos políticos con registro nacional. Sólo tendrán derecho a financiamiento público estatal para actividades vinculadas a la obtención del voto durante los procesos electorales locales. Los partidos políticos con registro nacional reciben suficiente financiamiento para poder desarrollar sus actividades ordinarias en todas las entidades federativas.
5. Reducción en 50% de los tiempos oficiales de radio y televisión (que también son dineros públicos) otorgados a los partidos políticos. Los tiempos otorgados actualmente son exagerados, molestan a la ciudadanía y han perdido efectividad los mensajes. Este sería un primer paso para que a futuro los partidos políticos compren al Estado (del financiamiento público que reciben), a través del INE, los tiempos de radio y televisión que requieran.
6. Repartir de manera igualitaria entre todos los partidos políticos y los candidatos independientes, cuando sea el caso, los tiempos oficiales de radio y televisión asignados. Son tiempos del Estado por lo que no existe ninguna justificación para no otorgarlo de forma igualitaria, independientemente de que las ofertas deben atender de igual manera a la audiencia y no producto de voto obtenido. El esquema actual sólo es muy oneroso, desvirtúa la fuerza de las ideas y ha demostrado su fracaso en las acciones de gobierno.
7. Reducción de cámara de diputados de 500 a 400 integrantes; 300 de mayoría relativa y 100 de representación proporcional. Eso impactaría sobre presupuesto de cámara y respondería a la realidad actual de México.
8. Reducción del Senado de 128 a 96 senadores. Eliminar listas nacionales, los senadores no son representantes populares; en estricto sentido representan a sus entidades federativas y el pacto federal. Devolverle su naturaleza y que representen las corrientes políticas de sus entidades federativas que varían de una a otra.
9. Modificar el mecanismo existente para la elección de senadores que se basa en darle un escaño a una fórmula de dos propietarios y dos suplentes que obtengan la mayoría y al primer propietario de la fórmula de la primera minoría. Esto inhibe la competencia democrática, no refleja la realidad del voto, privilegia el voto a los partidos sobre los candidatos.
Hay que devolverles a las entidades federativas su representatividad democrática y que los electores realmente decidan de manera directa y en las urnas quien los representará. Los partidos podrán presentar dos fórmulas que competirán de manera independiente por el voto ciudadano, además de las candidaturas independientes que cumplan con lo que establece la ley. Las tres primeras fórmulas que obtengan el mayor número de votos tendrán representación en el senado.
Hoy que se publica la presente colaboración estaré presentado la iniciativa respectiva.
Piso más parejo, reducción drástica del costo de los partidos y sus candidaturas (que hagan su chamba y logren motivar la aportación trasparente de sus militantes y simpatizantes), reducción al máximo de la simulación, la duplicidad, precampañas simuladas y ofensivas, más estructuras burocráticas partidistas que sólo generan chantaje y son agencias de colocación (muy malas por cierto).
¡Mucha gracias y sean felices!
cardenasfonseca@hotmail.com
@m_cardenasf
