BRECHANDO
11-10-2024
Antonio Quevedo Susunaga
Esta “guerra entre Chapos y Mayos” peleando el control del poderoso Cártel de Sinaloa, dejó a los culiacanenses y a muchos sinaloenses en medio de “este fuego cruzado”, originando miedo y atrincheramiento de una población que está en un alto riesgo de una crisis económica y social.
Las autoridades militares federales no vienen a sumarse a la guerra, traen la misión de proteger de estos hechos violentos a una población de gente inocente, si estos líderes de la violencia no entienden el llamado, corren el riesgo de perder todo.
Es indiscutible, que el ejército y la marina, son fuerzas poderosas de México, que traen en sus manos una inteligencia militar para ubicar a los principales responsables, cercarlos y detenerlos. Es cuestión de tiempo.
La estrategia de las fuerzas armadas está muy clara, se enfrenta a dos grupos que su separación los ha llevado a perder presencia y fuerza, ambos son vulnerables que terminan vencidos por sus ambiciones de mantener un poder que después del 25 de julio no es el mismo.
Ambos grupos en guerra, tal vez, no se han dado cuenta que las autoridades de Estados Unidos, como son la DEA, el FBI y otras agencias que han tenido que ver en el tráfico de la droga hacia Estados Unidos, están felices que se debiliten y ellos imponer condiciones en este tráfico perverso.
En esta guerra maldita, hay que ver como los Estados Unidos está jugando un plan de gran perversidad, permitir que estos grupos sigan adquiriendo las armas con las que se están matando entre ellos y están poniendo en alto riesgo a una población de Sinaloa, que nada tiene que ver con las drogas.
La presidenta de México, como las autoridades de la Seguridad Pública, las fuerzas armadas y otras autoridades, deben buscar cómo parar esta introducción de armas, municiones que los delincuentes compran para venir a matar gente en México.
Es importante que las autoridades mexicanas identifiquen a los importadores, el contrabando de las armas y ponga sanciones severas a quienes resulten responsables, si es posible, cadenas perpetuas.
El conflicto violento que está viviendo Sinaloa, no es cualquier cosa, es un asunto de Seguridad Nacional, debido a que están de por medio el camino o la ruta de la droga que circula a nivel internacional y los actores de Sinaloa, han sido los protagonistas de dicho mercado.
Esta actividad ilícita ha crecido por la corrupción que ha prevalecido entre las autoridades encargadas de vigilar y aplicar la Ley, en lugar de volverse cómplice, como lo hizo Genaro García Luna, siendo secretario de la Seguridad Pública y del presidente Felipe Calderón Hinojosa, que debería estar en la cárcel.
La mayor parte de los estados del país están viviendo una violencia motivada por el narcotráfico, que pone en riesgo la seguridad de millones de mexicanos, que pone en riesgo a nuestros jóvenes que ingresan a los grupos violentos y corren el riesgo de caer en manos de graves adicciones.
Es evidente que a los narcos no les interesa la salud de los mexicanos, tampoco de los jóvenes; sin embargo, las autoridades tienen la misión de detener a estos grupos al precio que sea.
Las autoridades en México, la presidenta Claudia Sheinbaum, las autoridades encargadas de la seguridad pública, el ejército, la marina y la Guardia Nacional, es evidente que tienen el gran respaldo, el gran reconocimiento de los mexicanos, que les aplaude y los alienta a poner orden en el país.
Los gobernadores deben sumarse en serio a luchar por la seguridad, no deben negociar en lo oscurito con estas mafias que tanto daño le está haciendo a los mexicanos.
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