BRECHANDO
13-10-2022
Antonio Quevedo Susunaga
En estos dos años que le quedan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tiene el reto de lograr tres grandes reformas constitucionales: la reforma electoral, judicial y eléctrica.
Los diputados y senadores deberán analizar con profundo realismo la necesidad de tener una Comisión Federal de Electricidad fuerte y a favor de las clases populares en México.
Los malos ejemplos lo estamos viendo en España, Francia, Alemania, en donde las energéticos tienen contra la pared a millones de seres humanos, que tendrán que enfrentar costos desorbitantes por las políticas de las energías aplicadas, en donde los ganones son las grandes empresas como la española Iberdrola, en España y México, este tipo de empresas no deben tener cabida en nuestro país, jamás.
El día de ayer en la Cámara de Diputados, el aspirante presidencial, Adán Augusto López Hernández, y secretario de Gobernación, habló de un compromiso con el PRI para lograr una reforma eléctrica constitucional, la que abortaron por intereses políticos.
Este tipo de reformas son bienvenidas, son las que pueden darle una fortaleza política al PRI en el país, la gente le reconocería que estaría regresando a su naturaleza.
En dichas reformas sería fundamental darle importancia al litio de México y la energía hidroeléctrica del país.
La otra reforma que Adán Augusto López, dijo que está pendiente y hay coincidencias o amarres con el PRI, es la reforma electoral, que el PAN y el PRD se oponen a que se reforme dicha ley porque sus deseos es que el Instituto Nacional Electoral, les conviene que permanezca como esta.
La verdad es que si el PAN y otros partidos de oposición, actuarán con inteligencia, deberían saber que, si no hay reformas, Morena está en condiciones de nombrar a la renovación de los consejeros que saldrán como Ciro Murayama y Lorenzo Córdova, entre otros, cosa que tiene muy claro el coordinador de los legisladores del PRI, Rubén Moreira, sin duda, es un priista muy colmilludo.
Es importante que la reforma electoral se aplique en México para reducir el dinero que se entrega a los partidos, que es un exceso para un país como México, el otro aspecto es reducir los sueldos con los que se sirven los consejeros gandallas.
Y terminar con este INE que dejó de ser un árbitro electoral para pasar a jugar como partido político, papel que lo ha hecho siempre para garantizarle al priismo y el panismo, ejercer el poder perdiendo o ganando.
Es importante recordar que los dos fraudes que avaló el INE, primero fue la elección de Carlos Salinas de Gortari, en donde le robaron el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas, que lamentablemente no supo defender como los mexicanos esperábamos.
El otro gran fraude es el que cometió Felipe Calderón Hinojosa en 2006, con ayuda del otro panista, Vicente Fox Quezada, que ambos deberían por ese motivo, estar en la cárcel.
Estas razones fraudulentas son suficientes para exigir una reforma electoral a fondo del INE, como reducir los gastos electorales que oscilarán alrededor de los 22 mil millones de pesos, anuales.
El PAN se opone, porque sabe que tiene el respaldo de los consejeros del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde tiene incondicionales.
Y finalmente la reforma pendiente, y sino la logran prácticamente no habrá cambios en la impartición de la justicia, es la reforma al Poder Judicial, en el sentido de que urge cambiar, jueces, magistrados y estructuras viciadas de dicho poder, que opera muy alejado de la sociedad y de los intereses de los más desprotegidos en México.
De hacer estos cambios, Morena y el PRI, es indudable que el partido tricolor recuperará su esencia política que perdió por haber hecho alianza con el sector empresarial y el panismo.
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