Temblores y Diarrea Legislativos: 2018

Frente a los desastres naturales que han asolado a nuestro país recientemente (huracanes y temblores) y que han afectado gravemente a muchos mexicanos, ahora el Congreso de la Unión pretende sumarse promoviendo desastres legislativos, usando como pretexto la tragedia nacional.

Lo que están haciendo los diferentes partidos políticos y sus legisladores en el Congreso no es un acto de generosidad y solidaridad, sino puro oportunismo político. La generosidad se profesa, no se condiciona al cumplimiento de requisitos, ni a la aprobación de reformas electorales. Esto en el fondo no es más que villanía y tratar de sacar “raja política” a una situación de emergencia.

Debe quedar claro que el dinero que las fuerzas políticas pretenden aportar para la reconstrucción del país en las zonas afectadas por el temblor es dinero público. Ciertamente tienen derecho a estos recursos por ley pero ellos no los generan y tienen que comprobar en qué y cómo lo usan. No le están regalando nada a los dammificados, sólo están renunciando a recibir recursos que ya de por sí son escandalosos y exorbitantes.

Para colmo de males están presentando iniciativas de reformas a la Constitución y a leyes secundarias que poco o nada tienen que ver con los temblores y con la necesidad de contar con recursos. Ahora sí que hay que legislar al vapor para obtener beneficios para los grupos, aprovechando la contigencia y el descontento popular con los recursos que reciben los partidos.

Sinceramente no alcanzo a comprender qué relación pudiera tener el renunciar a recursos para atender la reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos, con aprobar una reforma electoral que elimine el financiamiento público a partidos y el número de integrantes del Congreso de la Unión; o con vincularlos a medidas de austeridad en la administración pública, o con la creación de leyes para establecer el uso y destino de estos recursos, y la conformación de un consejo de notables. Vaya!! vaya!! todo a modo.

Mucho menos puedo comprender que se pretenda facultar al INE y a los partidos políticos para decidir cómo, cuándo, cuánto y en qué se aplicarán estos recursos. Esto implicaría otorgarles facultades en materia de presupuesto, lo que no queda en su ámbito de competencia y resultaría absurdo. En materia presupuestaria las facultades son de la Cámara de Diputados y del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de nadie más, y, así como está, está bien.

Lo cierto es que no hay ningún impedimento legal para que se realicen reformas constitucionales en materia electoral. El artículo 105 fracción II inciso f) sobre que las reformas a las leyes electorales federal y locales deben promulgarse al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral se refiere a leyes secundarias y no a reformas constitucionales.

La iniciativa y los dictámenes de la reforma electoral de agosto de 1996 -que dio lugar a la adicción de este inciso f)- deja y queda claro que el texto de refiere específicamente a reformas legales en la materia sean federales y locales y en ningún caso a las constitucionales, ya que el objetivo de la reforma fue otorgarle a los partidos políticos la facultad de promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes electorales (incluida en el mismo inciso f) y los 90 días son el tiempo que necesitan para poder ejercitar esta acción en contra de leyes que se hayan expedido en la materia recientemente. Es por eso que esta disposición está incluida en un artículo que contiene lo relativo a mecanismos de control de la constitucionalidad y no en otros de corte electoral o de iniciativa de leyes.

De hecho la propia iniciativa en su exposición de motivos señala: “…que la leyes electorales no sean susceptibles de modificaciones sustanciales, una vez iniciados los procesos electorales en que vayan a aplicarse o dentro de los 90 días previos a su inicio, de tal suerte que puedan ser impugnadas por inconstitucionalidad, resueltas las impugnaciones por la Corte y, en su caso, corregida la anomalía por el órgano legislativo competente, antes de que inicien formalmente los procesos respectivos.” El espíritu de la ley es este y no ningún otro por lo que en estricto sentido sí es posible aprobar reformas electorales constitucionales aún durante procesos electorales.”

Pero lo que me pregunto es por qué no se discutieron estos temas electorales y de austeridad en el gasto con toda anterioridad. Hay muchas iniciativas sobre la reducción del financiamiento público a los partidos políticos y la reducción de los miembros de ambas Cámaras. A principios de este año yo presenté una iniciativa en la materia en donde establecí claramente que, la única forma de reducir y evitar el crecimiento del financiamiento a los partidos es estableciendolo a partir de un monto fijo con un crecimiento anual marginal, cualquier otra fórmula, más temprano que tarde, produciría el mismo problema que hoy enfrentamos, y más se destaca este horror al utilizar la Unidad de Medida.

Coincido que en un escenario ideal los partidos políticos no deberían recibir financiamiento público y que estos recursos deberían ser destinados a la atención de necesidades básicas de la población. Pero lo cierto es que dejar los procesos electorales en México en manos del financiamiento privado no contribuiría al fortalecimiento de la democracia, sino por el contrario, convertiría a los partidos políticos en marionetas de intereses de grupos económicos y de poder, y limitaría la competencia electoral a unos cuantos. Es más, al no tener una cédula única de identidad relacionada a la persona donante genera todo tipo de trampas y se ríen de la autoridad pues, no lo dude Usted, puede aparecer como donante de un partido sin que lo sepa ya que una corrupta práctica de todos los partidos es dispersas ingresos en donativos personales al tener los datos electorales, y esto es más grave que ponerlo a Usted de mililitante cuando no lo es, que también lo hacen. Invito a cualquier partido a que me desmienta.

Si hasta ahora nuestras instituciones electorales no han sido capaces de fiscalizar ni siquiera el financiamiento público a los partidos y los recursos que reciben de los privados, mucho menos podrían fiscalizar un gasto privado total. Qué peligroso para nuestra democracia.

También coincido con todos que debe haber austeridad y racionalidad en el gasto público, pero esto no se va a lograr mendiante el chantaje, usando como moneda de cambio una tragedia para ganar posiciones o imponer decisiones. No cabe duda que ya inició el proceso electoral y si todas estas posiciones de los partidos no representan actos de campaña y de posicionamiento electoral, entonces no se qué lo sería.

Yo creo no es momento de tonterías y si realmente se quiere contribuir a la reconstrucción de las zonas afectadas por los temblores, hagámoslo sin condiciones, por las vías que ya están establecidas: que los partidos renuncien a sus ministraciones ordinarias y para campañas en los términos que decida cada uno, que el recurso se regrese a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, que en todo caso, que el Ejecutivo Federal se comprometa, mediante decreto, a crear un programa de reconstrucción a donde se canalicen estos recursos, que sea claro y preciso, dirigido a los afectados y a nadie y nada más, y donde el Sistema Nacional Anticorrupción supervise su cumplimiento, si no ¿para que creamos este sistema?

Dejémonos de simulaciones, estamos ante una emergencia en un espacio y en un tiempo específico, que debemos enfrentar ahora, y en los próximos cuatro años si no se agrega otra tragedia en ese lapso de tiempo, y eso no requiere que tomemos decisiones en otras materias que son de largo alcance y que seguramente tendrán consecuencias negativas. Si queremos ayudar, hagámoslo, pero no se vale aprovechar una tragedia para reformar aquello que sólo responden a intereses de grupos.

¡Muchas gracias y sean felices!

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