El fraude constitucional en Baja California o la Ley de Herodes en tiempos de la 4T

Joel Salomón

El escándalo político de Baja California no tiene precedente en nuestro país. Ni en la época priísta – los tiempos del todo poderoso “partido hegemónico” (Sartori dixit) o “casi único” como lo llamó el ex presidente Carlos Salinas de Gortari-, ningún gobernador electo o en funciones tuvo una osadía de tan siniestras dimensiones políticas.

Querer alargar el periodo de gobierno a posteriori, una vez electo y concluidas todas las etapas del proceso electoral, es un acto verdaderamente kafkiano que los mexicanos sólo habíamos visualizado, como parodia, en el cine, en la célebre y genial película anti priísta La Ley de Herodes (Luis Estrada, 1999), donde el personaje central, presidente municipal de “San Pedro de los Saguaros”, en una noche de ocio personalmente reforma la Constitución para que “el periodo gubernamental del alcalde pueda prolongarse hasta por 20 años, con posibilidad de reelección hasta por un máximo de cuatro veces”. Es decir, estar en el cargo hasta por 100 años.

Precisamente uno de los pilares de todo régimen democrático es el principio de certeza, la claridad en la reglas del juego y la vigencia de un arreglo jurídico electoral aceptado por todos los actores políticos. Como ha establecido el famoso politólogo Adam Przeworski (Democracia y mercado, 1995) la democracia es un régimen político donde debe coexistir la incertidumbre en los resultados electorales con la certidumbre en las reglas del juego.

Pero vamos haciendo la cronología de los hechos para tener más claridad sobre la forma en que ha evolucionado este desfiguro:

  1. El 10 de febrero del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia electoral de ese año, que entre otras adiciones incorporó la obligación de la concurrencia de las elecciones locales con las federales, quedando definida de la siguiente manera en el artículo 116, fracción IV, inciso n: “Las constituciones y las leyes de los estados en materia electoral garantizarán que . . . Se verifique al menos una elección local en la misma fecha en que tenga lugar alguna de las elecciones federales”.
  2. En consecuencia, el 17 de octubre del 2014 se publicó en el periódico oficial del Estado de Baja California, el decreto 112 por el que se reformaron diversas disposiciones de la constitución local en materia político electoral y su régimen transitorio, dentro de las cuales en el transitorio octavo se estableció lo siguiente: “Para efecto de concurrencia de la elección de Gobernador del Estado con el proceso electoral federal 2021, el Gobernador electo en el proceso electoral 2019 iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021”.
  3. El 9 de septiembre del 2018 da inicio el proceso electoral local 2018-2019, mediante el cual se renovará la gubernatura, diputaciones al Congreso y munícipes a los ayuntamientos del Estado de Baja California.
  4. El 28 de diciembre del 2018 el Consejo General del instituto electoral local aprobó el dictamen cinco relativo a la convocatoria, la cual en su base sexta establece que entre los cargos a elegir está la “Gubernatura del Estado de Baja California, para el periodo constitucional del primero de noviembre de 2019 al treinta y uno de octubre de 2021.”
  5. En enero del 2019 Jaime Bonilla impugna la convocatoria ante el tribunal electoral local, solicitando se amplíe el periodo de gobierno de dos a cinco años. El Tribunal local le da la razón, pero dicha sentencia es revocada el 27 de marzo por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en su resolución enumerada con el folio SUP-JRC-5/2019.
  6. El 27 de marzo de 2019 Jaime Bonilla solicita su registro como candidato a la gubernatura.
  7. El tres de abril aparece Kafka: el candidato Bonilla interpone recurso de inconformidad contra su propio registro, a efecto de controvertir el plazo de dos años que duraría la gubernatura a la que fue postulado.
  8. El siete de mayo el tribunal electoral local le da la razón, inaplica el octavo transitorio de la Constitución local y ordena una adenda a la convocatoria de la gubernatura para que se amplíe el periodo pero ahora por seis años. El 29 de mayo nuevamente la Sala Superior del TEPJF revoca dicha sentencia por unanimidad como consta en su resolución SUP-JRC-22/2019.
  9. El dos de junio Jaime Bonilla gana la gubernatura con cerca del 50% de la votación, aunque con una participación electoral cercana al 30%. Asimismo Morena gana todo: las 17 diputaciones locales y los 5 ayuntamientos de la entidad.
  10. La noche del pasado ocho de julio, el Congreso local, de mayoría no morenista, reformó el artículo octavo transitorio (del 2014) de la Constitución para ampliar ex post el periodo de gobierno del gobernador electo, Jaime Bonilla.

Con este decálogo nos podemos dar cuenta de la lucha jurídica y política del gobernador electo Jaime Bonilla por impugnar el periodo gubernamental breve que tendrá que ejercer, igual como lo vivieron recientemente Tony Gali en Puebla y Miguel Angel Yunes en Veracruz.

Y podemos decir incluso que sus dos improcedentes impugnaciones primigenias a la convocatoria fueron válidas y legítimas, pero el hecho de modificar el marco jurídico gubernamental una vez terminada la elección para beneficio propio y con efecto inmediato, es un absurdo sin precedente en la historia política de México.

Se trata de un acto del Congreso local absolutamente inconstitucional, contrario mínimamente a tres artículos de nuestra Carta Magna, empezando por el artículo 14 que consagra la irretroactividad de la ley, el artículo 41 que establece el principio de certeza como un eje rector del proceso electoral y sobre todo el artículo 105, Fracción II que literalmente ordena lo siguiente: “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.” El periodo de dos años para el actual gobernador electo no se definió 90 días antes, sino CUATRO AÑOS ANTES, DESDE EL 2014.

Muy bien lo dijo el consejero electoral del INE, Marco Baños hace unos días: “No se vota por gobernantes sin un tiempo de gobierno definido salvo en las dictaduras; no se convoca a electores sin certeza de cuántos años van a permanecer en el cargo los candidatos que piden su voto, como de forma lamentable han planteado algunas voces.” (El Economista, 21/Jul/2019).

Ahora bien, el medio de impugnación idóneo para deshacer este “atraco” legislativo, como lo llamó el ex presidente del IFE José Woldenberg (El Universal, 30/Jul/2019), será la acción de inconstitucionalidad en los términos establecidos en el artículo 105 de nuestra constitución federal, y lo pueden accionar, entre otros entes legitimados, los partidos políticos nacionales y locales.

Por último, no quiero dejar de mencionar que resulta muy preocupante la indiferencia que ha mostrado el presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, ante este asalto legislativo. Se ha manejado con evasivas y no ha condenado tajantemente el hecho, lo cual no le ayuda pues abona a acrecentar las suspicacias reeleccionistas y el poco compromiso con las instituciones democráticas que siempre le han cuestionado sus críticos. Sus evasivas pueden pasar a la historia junto al “Y yo por qué de Vicente Fox” respecto al conflicto televisivo en el Cerro del Chiquihuite o el lamentable “Es un problema local” de Peña Nieto, su declaración inicial sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Por lo pronto, alguno simpatizantes muy respetables del obradorismo como el escritor Jorge Zepeda Patterson ya han empezado a mostrar su preocupación, pues reconocen que en el Movimiento de Regeneración Nacional difícilmente se mueve una hoja sin la complacencia del jefe máximo: “López Obrador no es de Morena sino al revés. Se trata de un partido hecho en torno a su persona y cuesta trabajo creer que el congreso local y el mismo Gobernador hubieran perpetrado esta patraña si el líder nacional se hubiera opuesto. Cabe la posibilidad de que lo hicieran sin consultarlo, pero no tengo dudas de que, de haberlo deseado, él tenía capacidad de pararlo una vez que se puso en marcha.” JORGE ZEPEDA PATTERSON (Sin Embargo, 28/Jul/2018)

En el mismo sentido, me resisto a creer que la Cuarta Transformación (4T) de López Obrador no tenga como referente jurídico nuestro arreglo constitucional sino la Ley de Herodes y su escatológica traducción: Te ching. . . o te jodes”.

Economista y abogado.

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