BRECHANDO
06-09-2022
Antonio Quevedo Susunaga
En materia de comunicación, “la intención es la que cuenta”, al parecer la intención del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, propuso “inaplicar” el artículo 19 de Constitución con el objetivo de invalidar la “prisión preventiva oficiosa”, arrastrando al resto de los ministros a una tarea legislativa que no les corresponde.
La intención, posiblemente del ministro Luis María Aguilar, encierre la intención perversa o maquiavélica de derrumbar el proyecto de combate a la delincuencia y la violencia que está aplicando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Los ministros Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara Carrancá señalaron que la Suprema Corte no tiene facultades para observar o reformar la Constitución, pues esta es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión.
Es evidente que el ministro Luis María Aguilar, ha sido señalado por sus determinaciones legales en la Corte, que responden a los intereses de los poderosos grupos neoliberales, lo que significaría un golpe duro en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, de aprobarse dicha propuesta, que abriría la “puerta grande” a los delincuentes más poderosos que han sido capturados en esta administración y en otras.
El inaplicar el artículo 19 Constitucional, implicaría el fracaso absoluto del plan del combate a la violencia e inseguridad de López Obrador.
El ministro Pérez Dayán expresó que “no me corresponde asumir una tarea que no se asignó, no soy quién para desprender hojas de la Constitución”.
Y la ministra Loretta Ortiz afirmó que “la inaplicación de la Constitución por parte de la Suprema Corte cuestionaría la división de poderes y el Estado de Derecho”.
Y agregó: “sería una falacia que, al tiempo que estamos llamados a defender la Ley suprema, llamáramos a desaplicar”.
En un excelente artículo de Opinión titular La Corte Legislativa, el presidente del Senado de la República, Ricardo Monreal expone con contundencia “no podemos permitir que el Poder Judicial, además de interpretar y resolver asuntos formulando sentencias, ahora, sin freno ni recato, extienda su intervención y pretenda apropiarse de una facultad que los constituyentes originales no le atribuyeron y que no les pertenece: legislar”.
Es obvio que esta propuesta del ministro Luis María Aguilar, encierra “una intencionalidad perversa” en contra del plan de aplicación del combate a la delincuencia por parte de López Obrador, y es echar a fuera a una gran mayoría de delincuentes que están bajo el dominio del artículo 19 Constitucional.
Y obviamente que el olfato político y el colmillo retorcido del presidente Andrés Manuel López Obrador, miró con claridad la intencionalidad de esta propuesta de Aguilar, de la que se expresó: Si la Corte elimina la Prisión Preventiva Oficiosa se transformará en “supremo poder conservador”.
Es indiscutible que la Suprema Corte de la Nación, con esta propuesta de María Aguilar, está enviando una pésima señal a los mexicanos que están exigiéndole a los gobiernos estatales, municipales y federal, que combatan la delincuencia y actúen con eficiencia.
Es válido que después de esta “mala intención”, la Corte haga una profunda revisión del trabajo de los jueces y magistrados, que tienen un rezago impresionante de casos de detenidos o encarcelados que son inocentes y no están sentenciados.
Es importante que se le haga una “auditoría “a jueces y magistrados o de lo contrario, dejen libre aquellos que fueron encarcelados bajo la tortura.
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