Ajustes al Presupuesto

Para nadie es un secreto que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2018, deberá ser ajustado y un buen número de partidas reasignadas, para responder a las grandes necesidades que han generado los desastres naturales que han asolado a nuestro país durante el último mes.

Lo que aún continúa siendo un secreto es cómo se harán estos ajustes, cuáles serán las áreas afectadas y cómo se distribuirán los recursos. Espero que las dudas comiencen a despejarse en la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, el día que se publique este artículo, y la próxima semana en el Senado de la República.

Lo que realmente espero es que más allá de las reasignaciones al presupuesto (importantes por sí solas), se cumpla con el compromiso de austeridad, que durante toda esta administración ha sido tan sólo una promesa y jamás una realidad. De hecho, los presupuestos aprobados por la Cámara de Diputados han sido superados año con año, a pesar de que se anuncien recortes.

Las ampliaciones presupuestales son cosa de todos los años, pero lo más grave es que estas ampliaciones se dan en áreas que no son trascendentes para el bienestar social y para el desarrollo económico. Ahí están por ejemplo las ampliaciones en comunicación social, han hecho que se duplique y hasta triplique, en los hechos, lo aprobado por la Cámara de Diputados para alcanzar durante esta administración una cantidad que ha superado los 37 mil millones de pesos, cantidad similar a la que el Presidente de México ha señalado que se necesitará para la reconstrucción nacional.

Solamente entre 2015 y junio de 2017 el gobierno gastó 892 mil 558 millones de pesos más de lo que le aprobaron los diputados. Pero lo más grave es que mientras sí se aplicaron recortes a programas de importancia, se duplicó el gasto en áreas intrascendentes como la que señalé de comunicación social. Parece ridículo y ofensivo que el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) reciba menos recursos que la publicidad gubernamental. Vaya país en el que vivimos, y vaya gobiernos que tenemos, en donde importa más la imagen que no les ha resultado, ahora entonces será que los cuates de los medios incrementen sus ingresos y así todos millonarios antes que atender las necesidades sociales.

Yo creo que ya es tiempo que el Congreso imponga mayores controles tanto para las ampliaciones presupuestales como para las reasignaciones, porque la verdad es que los diputados aprueban un presupuesto muy publicitado y luego se ejerce uno muy distinto del cual la sociedad tiene poco conocimiento. Poco abona a la transparencia y a la rendición de cuentas modificaciones al gasto público, sin justificaciones y sin mecanismos de control, que son producto de decisiones administrativas y/o políticas.

En el presupuesto de egresos para 2018 presentado por la Secretaría de Hacienda se contemplan para el Fonden 6 mil 644 millones de pesos lo que representa el 0.13% del total del presupuesto que alcanza 5.2 billones de pesos. Es claro que esos recursos no serán suficientes para responder a las consecuencias de los desastres naturales, por lo que tendrán que reorientarse a este fondo una gran cantidad de recursos, que no sabemos aún de donde saldrán. De igual suerte los famosos rubros que se mandan en ceros y el fondo de los moches del señor Anaya y asociados, pues será fácil afectar el factor inflación, tipo de cambio, explotación de crudo con pinceladas virtuales, total, que la magia de la votación de los diputados dé para el año político electoral en una vieja monserga de la cual no es culpable el secretario de Hacienda y Crédito Público, son los diputados que así aprueban el “gasto”.

Lo que no se puede aceptar es que se recorte presupuesto a la educación, a la salud, a la infraestructura y a los programas sociales, que cobran aún más importancia ante las circunstancias de emergencia que vivimos. Las reasignaciones deben provenir fundamentalmente del gasto de comunicación social de gobierno, de los llamados “moches”, probablemente de órganos autónomos que en proyecto original del presupuesto tuvieron importantes incrementos y de mayores ajustes en plazas y remuneraciones en las diferentes secretarías. Hay una emergencia nacional que es evitar el despilfarro y el engrosamiento de instituciones que se suman a la otra emergencia, la del dinero inmoral a partidos políticos y al INE, para terminar en la de los sismos, y tenemos que ser todos solidarios incluyendo a los consorcios empresariales que vaya que saben hacer planeación fiscal y retacarse de facturas apócrifas y el SAT tan incompetente para esto como cuando le interesa.

Lo que también debe plantearse es el compromiso de la Secretaría de Hacienda de reasignar los ahorros y los subejercicios que se generen durante el año al Fonden para atender la reconstrucción de las zonas afectadas; bajarle a las fuerzas armadas que no tienen llene y no somos país bélico al margen de que nadie se mete con ellos aún cuando de acuerdo a la ley de la administración pública son una dependencia más que se llama defensa nacional o marina.

Lo que no se puede hacer, aunque muchos lo pidan, es quitarles recursos a los partidos políticos en el presupuesto de egresos. Debemos recordar que estos recursos se asignan de acuerdo a la fórmula establecida en el artículo 41 constitucional y en la ley electoral secundaria y no está sujeta a cambios o disposiciones hacendarias. Lo que sí pueden hacer los partidos (de hecho, ya dos partidos lo han hecho) es no aceptar estos recursos o regresarlos a la Tesorería de la Federación y es ésta la que tiene la facultad de reasignarlos donde quiera.

También, no deben caer los “hacendarios” en la cantaleta de que ese recurso, el que va “a la ayuda” para superar los daños de los desastres naturales no debe manejarse de acuerdo a la ley y se acepte que por ser el gobierno se es corrupto. Entonces que los privados vayan en su ayuda sin hablar con el gobierno y ellos mismos no hagan trampa con sus donaciones pues ahora resulta que es altruismo cuando lo que es no es diferente al robo fiscal montándose en el lomo del jodido y so pretexto de los desastres ¿Quieren que lo debatamos? Con gusto. Está por demás demostrado que ser honesto no se lleva muy bien con muchos que se dicen empresarios y la actividad por si misma no los hace impolutos.

Lo que no hemos tomado en cuenta es que si los partidos regresan parte o todo su financiamiento público, que es el que debe prevalecer de acuerdo a la Constitución y la ley en la materia, sólo se quedarían para sus actividades ordinarias y para las campañas con recursos privados que no podrán rebasar los límites establecidos por la autoridad electoral. En este sentido, los topes de gastos de campaña, serán una referencia sin sentido, porque el verdadero tope lo representarán los montos autorizados de financiamiento privado para cada elección en particular. Dudo mucho que los partidos políticos respeten estos topes y nos vamos a enfrentar a violaciones a la Constitución y las leyes que no tendrían justificación, ni siquiera por su pretendida generosidad y solidaridad social.

A menos que se reformen la Constitución y las leyes en materia de financiamiento privado a los partidos políticos, no veo cómo podrán sortear estas elecciones las fuerzas políticas sin violar la ley.

Pero ahora resulta que el pícaro y tramposo (partidos políticos) desconfía de quien le da los recursos y de los mecanismos institucionales que existen para ejercerlos en beneficios de los damnificados (el burro hablando de orejas).

Lo que debemos tener claro es que se necesitarán al menos 38 mil millones de pesos para la recuperación de desastres, que si lo vemos fríamente, son una mínima parte del presupuesto de egresos propuesto para el próximo año, pero de algún lado debe salir y espero que no sea de programas sociales. Lo que no queda claro es si estos 38 mil millones son adicionales a lo que se recuperará por seguros y otros mecanismos o si son adicionales. Habría que preguntarle al secretario Meade.

¡Muchas gracias y sean felices!

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