Todos los mexicanos tenemos claro que, al menos en la norma, somos una república federal, conformada por estados soberanos, con autonomía suficiente para resolver sus asuntos internos y con municipios libres. Sin embargo, nuestro país ha mostrado una tendencia hacia el centralismo prácticamente en todas las materias, en el ámbito político, en la seguridad pública y particularmente en materia fiscal, que ha contado no sólo con la voluntad de los gobiernos federales en turno, sino también con la complacencia de los gobiernos estatales.
El artículo 40 de nuestra Constitución Federal señala claramente que “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.” De igual forma, el artículo 115 constitucional consigna al “municipio libre” como la base de la organización territorial y de la organización política y territorial de los estados. Pero bien dicen que “del dicho al hecho hay un largo trecho.”
Hemos dado paso a un federalismo sui generis, que se defiende en el discurso y se violenta en los hechos. Un federalismo acotado y acomodado a los intereses políticos del momento. Un federalismo alejado de las disposiciones constitucionales y legales, que diluye responsabilidades y propicia la discrecionalidad y la corrupción.
Con la complacencia de todos los actores políticos y aprovechando los resquicios legales, en el día a día, se construye un “espectro” de federalismo, que poco o nada tiene que ver con lo que buscaron crear los fundadores de la patria. Hoy no hay total claridad sobre los límites, competencias y responsabilidades de la federación, los estados y municipios. Pero para todos es conveniente, porque así unos a otros se echan la culpa y nadie se responsabiliza de nada, y los ciudadanos no sabemos ni a quien reclamarle.
Siempre ha habido y habrá justificaciones políticas, económicas y sociales para otorgarle a la Federación mayores controles, pero no se trata de esgrimir razones que siempre serán cuestionables, se trata de respetar lo que señala nuestra Constitución y establecer mecanismos claros de competencias y responsabilidades. Todo parece que se hiciera no con la intención de mejorar el desempeño del país en diferentes campos, sino con la intención de que se establezcan claramente responsabilidades para los funcionarios de los tres órdenes de gobierno.
Lo cierto es que en México cuando se habla de federalización, casi siempre se refiere a darle mayores competencias a la federación sobre temas de las entidades y los municipios, en un ejercicio de control desde el centro
Lo que yo argumento es que si se quiere un gobierno centralizado, que se asuma la responsabilidad y el costo de proponerlo, ya seremos los ciudadanos los que decidiremos y expresaremos nuestras opiniones. En última instancia, lo importante no es si opta por operar de manera centralizada o se respeta el federalismo; lo verdaderamente importante es que haya transparencia y claridad, que se conozca a las autoridades competentes para cada acto o proyecto y que se establezcan claramente los responsables.
Lo cierto es que en México cuando se habla de federalización, casi siempre se refiere a darle mayores competencias a la federación sobre temas de las entidades y los municipios, en un ejercicio de control desde el centro, que también beneficia a los gobiernos locales, que siempre se escudan en el “es problema de la federación”.
Esta tentación inevitable para los gobiernos ha llevado a tener órganos electorales locales, que en términos reales son oficinas del instituto electoral federal, pero que son pagados por los gobiernos de las entidades federativas respectivas. Ha llevado a proponer un mando único policial, con decisiones tomadas desde las oficinas del centro del país, quitándoles la potestad en materia de seguridad pública a los estados y municipios. Ha llevado también a construir un federalismo fiscal poco transparente y claro que genera distorsiones en la recaudación y sobre todo en el gasto público
En mi opinión, el problema del federalismo fiscal de México, se encuentra más en el gasto que en la recaudación como muchos piensan. Los cambios legales que se han hecho durante las últimas décadas han dado más claridad a la parte recaudatoria y establecido las competencias en cada orden de gobierno. Sin embargo, estas mismas reformas han hecho más opaco el gasto de los estados y municipios y también de la federación. Los esquemas bajo los que se operan atomizan las responsabilidades y desincentivan el buen actuar de los gobiernos y promueven el desvío de recursos y la inadecuada rendición de cuentas.
Los estados reciben alrededor del 85 por ciento de su gasto a través de transferencias federales ya sea por participaciones o por aportaciones, las primeras de uso libre y las segundas condicionadas al cumplimiento de objetivos por programas o fondos. Pero algo que parece tan simple en la práctica es muy complicado, y la forma en que se regula y se ejerce el gasto, ya sea con participación federal directa, bipartita o con recursos del estado, es poco transparente, no define responsabilidades precisas, y da paso a la corrupción.
Ahí están los ejemplos de los desvíos de recursos en muchas entidades del país, y que no son consecuencia más que de la manera en que se regula el gasto en las entidades y municipios. La Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en el Seguro Popular en las entidades, entre 2015 y 2016 de casi 20 mil millones de pesos, a los que se sumaron otros 13 mil millones del gobierno federal que distrajo del fideicomiso de este seguro.
Ejemplos hay muchos de cómo estos mecanismos de coordinación fiscal no cumplen sus objetivos, sino por el contrario promueven la irresponsabilidad y la impunidad. Pensemos tan sólo en las cárceles de los estados que tienen presos federales por los cuales reciben recursos, pero a la hora de los problemas, la culpa es de todos y es de nadie.
Este esquema de complicidades y simulación (porque no puedo llamarle de otra forma) que opera con convenios de coordinación fiscal, no puede seguir operando de la misma forma, que ha mostrado todas su insuficiencias y sus vicios. El nuevo gobierno federal y los nuevos integrantes del Congreso, así como los gobernadores y alcaldes del país, deben atender urgentemente este asunto, si lo que realmente se busca es un mejor uso de los recursos públicos y combatir la impunidad y la corrupción.
Lo que me sorprende es que hoy los ejecutivos locales se “rasguen las vestiduras” y muestren su oposición a que se nombre a coordinadores federales en cada entidad que van a concentrar en una sola persona las tareas que realizan más de 40 delegados que operan en cada una de las entidades federativas. Al menos yo no recuerdo a un gobernador que se haya opuesto a mecanismos de coordinación fiscal, que les quitaran competencia pero que les dieran recursos y libertad de usarlos. Parece que lo político y mediático quiere volverse a imponer sobre lo realmente fundamental para el desarrollo del país. Yo creo que atender las causas siempre será más rentable a mediano y largo plazos, lo demás no pasa de una discusión especulativa de café.
A propósito de lo anterior y corolario, ahí está la pandilla de gobernadores que en ramplona desvergüenza y con la complacencia del poder divino federal, violan la Constitución y son ejemplo de fugados o protegidos dependiendo de la hormona.
¡Muchas gracias y sean felices!
