BRECHANDO
14-03-2025
Antonio Quevedo Susunaga
La violencia en Sinaloa, por una “guerra de venganzas entre Chapitos y Mayos”, que se inició con el secuestro del Mayo Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, el 25 de julio, desde ese entonces los sinaloenses no sabe cuáles son las investigaciones hechas por la Fiscalía General de la República.
La escalada de traiciones al interior del Cártel de Sinaloa, rompió la unidad de ésta organización que han metido a los sinaloenses en medio de sus intereses, buscando quedarse con el territorio, queriendo seguir dominando al viejo modo como lo permitieron y lo alentaron presidentes como Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, y no se diga del panista Felipe Calderón, las cosas no han cambiado, el desastre de hace 30 años está vigente con el asesinato de más de mil personas y alrededor de 1200 desaparecidos, con una política estatal y municipal, que le están cobrando las traiciones de esas complicidades.
El gobierno de Rubén Rocha Moya no se ha tomado la molestia de ver hasta dónde están sus policías contaminadas, que no le sirve para brindarle protección a los ciudadanos, que los matones de ambos bandos andan atrás de ellos para asesinarlos por traiciones o romper complicidades, es lo mismo que estamos viendo en Jalisco, con el descubrimiento del Centro de Exterminio, en donde las policías estatales de la Fiscalía Estatal de Jalisco esta hasta el cuello, al parecer ninguna policía estatal en México sirve, responde a intereses de la delincuencia.
Las complicidades de las policías de Sinaloa, no las va a resolver el gobernador Rubén Rocha, está anulado políticamente haciendo un triste papel, como rehén de los narcos que se pelean el territorio.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, debe meter a la cárcel a toda la policía corrupta o cuando menos que dejen el cargo porque cobran en gobierno y en nominas especiales de la delincuencia.
Estos hechos de violencia desbordados, con tantos muertos con tantos cementerios clandestinos que dejó el gobierno, estos macabros hechos no generó ninguna investigación como tampoco se actuó contra los responsables.
Es muy fácil para los alcaldes y los gobernadores lavarse las manos, hacerse de la vista gorda para dejar hacer y dejar pasar a esos delincuentes que se “mochan” con ellos.
El asunto ha llegado hasta el extremo, que el jefe de las policías en Sinaloa ha sido el que cuida a los criminales, lo han hecho por muchos años.
La cruda realidad es que todo este desastre de la violencia en Sinaloa, tienen moribunda la economía de Sinaloa, la producción de los alimentos en el campo está intervenida por esta delincuencia, como el turismo que tenemos en Mazatlán, está manchado con la sangre de asesinatos.
Los sinaloenses tienen miedo andar en la calle después de las siete de la noche, porque hay un terrible miedo a ser levantados, que despojen de vehículos y que los negocios que ofrecen servicio en la noche no sean atacados.
Es indudable que la reforma fiscal urge, que llegue a las fiscalías estatales con una urgencia inaplazable, como los jueces y ministros muchos de ellos deberían estar en la cárcel por ser parte de la delincuencia.
Los gobernadores en México necesitan fajarse para acabar con toda esta delincuencia que opera desde las dependencias del gobierno, en donde los ciudadanos no alcanzan a distinguir en dónde empieza y terminan la autoridad; y en dónde empieza y termina la delincuencia, que en la Suprema Corte, es dominada por los delincuentes de “cuello blanco” y los grandes intereses que defienden de los empresarios que se niegan a pagar impuestos.
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