Sistema Nacional Anticorrupción

Manuel Cárdenas Fonseca
Senador

¡Ahora Sí¡

No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza. Finalmente, el próximo 19 de julio entrará en vigor la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas y con ello, se pondrá en marcha de manera integral el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no sólo en el orden federal, sino también en todas las entidades del país, en un ambiente de esperanza pero también de incertidumbre.

La instauración de este tan deseado, anhelado y necesario sistema anticorrupción (que yo siempre he sostenido que debiera ser anti impunidad, ya que ese es el origen de todos los males), ha significado un largo y tortuoso camino, desde la aprobación de las reformas constitucionales en la materia en el año 2015, pasando por el proceso de reformas legales en 2016 (siete leyes, varias de ellas nuevas), hasta la integración y puesta en funcionamiento del sistema anticorrupción en todo el país, que arranca en este año.

Insisto en que durante el proceso legislativo nos quedamos cortos en varios temas, como en supervisar a los particulares que reciben recursos públicos, y no me refiero a los beneficiarios de programas sociales, sino a las empresas que dependen hasta en un 100 por ciento de su operación de las compras de gobierno y ya hemos visto que muchas de ellas acaban siendo “empresas fantasmas”. Tampoco establecimos constitucionalmente al peculado como delito grave, cuando estamos viendo una gran cantidad de funcionarios de todos los órdenes de gobierno, acusados de este delito, pero que pueden salir bajo fianza. También se requiere impulsar reformas a otras leyes como la de obra pública, adquisiciones y asociaciones público privadas, para cerrarle paso a la corrupción.

Ahora es el momento de echar a andar el Sistema y de evaluar permanentemente su operación. Ya se han dado importantes pasos en la integración del sistema: en febrero se designó oficialmente a los 5 miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema que además lo presidirán de manera escalonada. En abril se instaló el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y en mayo (con cuestionamientos) se nombró al Secretario Técnico del Sistema.

Pero aún quedan muchos pendientes. Falta que el Senado ratifique la designación del Ejecutivo Federal de los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, encargados del tema. Esto tendrá que hacerse antes del 19 de julio (lo podría hacer la Comisión Permanente) porque se corre el riesgo de que entre en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas y no exista quien atienda las faltas administrativas graves consignadas en esta Ley.

También está pendiente el nombramiento del Fiscal Anticorrupción que deberá atender los delitos de los servidores públicos y de los particulares asociados a ellos. La importancia de este nombramiento no radica en quien ocupe el cargo (en todo caso debe contar con las credenciales necesarias) ni en que no sea una fiscalía autónoma, ni en que no se haya nombrado al Fiscal General de la República (como pretenden condicionarlo algunas fuerzas políticas). La importancia del nombramiento en el corto plazo, está en que las reformas que se hicieron al Código Penal Federal en la materia, para definir tipos penales e incrementar penas, no entrarán en vigor hasta que este nombramiento se haya realizado.

Aún no se cuenta con los formatos de las tres declaraciones que deberán presentar los servidores públicos, aunque la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por varios partidos políticos en contra de los artículos 29, 34 párrafo 3 y 48 párrafo 1, declarando su constitucionalidad, debe permitir avanzar rápidamente en la aprobación de estos formatos.

La Secretaría de Hacienda apenas liberará los más de 210 millones de pesos con los que iniciará sus operaciones el sistema (hasta ahora han trabajado sin oficinas y sin recursos). Tampoco se sabe cuándo estarán instaladas y operando las plataformas que están bajo la responsabilidad del Sistema Nacional Anticorrupción.

Pero sobre todo, aún tendremos que esperar un buen tiempo para saber cuál es la eficacia de este sistema y donde están sus fallas. Mientras tanto, todo indica que será la Secretaría de la Función Pública (la cual había sido condenada a desaparecer al inicio de esta administración) quien seguirá realizando la mayoría de las funciones.

Pero en donde está el verdadero “Talón de Aquiles”, es en los sistemas anticorrupción de las entidades federativas, en donde hemos puesto hasta ahora muy poca atención y en donde sabemos muy poco de cómo se están integrando. Es precisamente a nivel local donde existe mayor opacidad en el gasto y mayor desviación de recursos, y es hacia donde se están dirigiendo menores esfuerzos. Corremos el riesgo de construir un sistema nacional anticorrupción ejemplar y contar con sistemas anticorrupción estatales ineficaces, que sólo sirvan de “tapadera” a los gobiernos en turno, o de mecanismo de venganzas políticas.

Algo que no deja de preocuparme son las pugnas que se han dado durante el proceso de integración del Sistema Nacional Anticorrupción. Hemos escuchado acusaciones de opacidad y falta de transparencia de casi todos los involucrados hacia sus contrapartes en el nombramiento de quienes formarán parte de este Sistema. Esto en nada abona a la confiabilidad que tendrán en el sistema los ciudadanos.

Tal parece que los políticos y “especialistas” mexicanos, se empeñan en contaminar y cuestionar hasta a las instituciones que aún no están operando.

Ojalá esto no sea presagio de que lo partió de una necesidad evidente en nuestro país y del compromiso genuino de muchos sectores de la sociedad, se convierta en una estructura burocrática pesada e ineficaz, en donde priven los intereses de grupos y no los de los mexicanos y que acabe convirtiéndose en el principal obstáculo para frenar la corrupción y la impunidad. No es que sea mal pensado, pero baste recordar que la Secretaría de la Contraloría (hoy Función Pública) se creó en 1982 con los mismos propósitos y en sus casi 35 años de existencia la corrupción ha crecido y crecido sin control.

Confío en que no repitamos los mismos errores del pasado, que los controles que se pusieron en las normas jurídicas sean suficientes para evitar que se pervierta el sistema; confío en que exista la madurez suficiente en las fuerzas políticas para entender que ya no se puede seguir por el mismo camino, pero sobre todo, confío en que la sociedad será el mejor vigilante de este sistema.

Dicen que de buenas intenciones están llenos los panteones, yo sinceramente espero que las buenas intenciones se reflejen en hechos que frenen la corrupción y la impunidad en el país.

¡Muchas gracias y sean felices!

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@m_cardenasf

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