Delitos Graves

Manuel Cárdenas Fonseca
Senador

Tal parece que la puesta en marcha en 2016 del nuevo sistema penal acusatorio que parte del principio de presunción de inocencia (reconocido en el artículo 20 constitucional) ha promovido, desde las más altas esferas políticas y empresariales, una estéril y falsa discusión sobre su impacto en el crecimiento de la criminalidad en nuestro país.

Ahora resulta que el sistema penal acusatorio es el causante de que los delincuentes o presuntos delincuentes anden en las calles en lugar de en los penales, porque ya no se consideran graves una serie de delitos. Me parece que eso es intentar crear una cortina de humo para no reconocer que es la incapacidad de las policías federal, estatales y municipales; de las fuerzas armadas y de las políticas de seguridad en los tres órdenes de gobierno, lo que nos ha llevado a los altos índices delictivos que hoy vivimos en México.

El tránsito hacia un sistema penal acusatorio en lugar del sistema inquisitivo que prevaleció durante años, respondió no sólo al cumplimiento de los acuerdos internacionales en la materia de los que México forma parte, sino también al reconocimiento del abuso que se ha tenido en el país de la prisión preventiva aplicable a todos, tanto a quienes resultaban al final inocentes como a los culpables.

Ahora la prisión preventiva, de manera oficiosa para un grupo reducido de delitos graves o como medida cautelar a petición del Ministerio Público, es una excepción y no la regla. Esto resulta un gran avance porque la prisión preventiva no implica una condena, sino la privación de la libertad de los individuos durante su proceso penal que puede concluir en su absolución, por eso debe ser aplicado en conductas muy específicas y no de manera generalizada.

Las anteriores formas de clasificación de los delitos graves, ya fuera por la media aritmética de la pena que superara los 5 años de prisión (que se ha conservado en la mayoría de los Códigos Penales de las entidades federativas) o de las listas establecidas en las leyes secundarias (que en orden federal llegó a casi 100 tipos de delitos), propició que prácticamente todos los inculpados pasaran todo su proceso legal privados de su libertad, hasta por el máximo de la pena aplicable al delito que se les imputaba y sin recibir sentencia. Esto hizo de México el país latinoamericano con mayor número de personas en prisión preventiva, y que casi la mitad de la población penitenciaria fueran personas sujetas a proceso y aún no sentenciados.

A pesar de esta gran cantidad de personas en prisión preventiva, la impunidad ha prevalecido en México durante décadas, al igual que la injusticia. La prisión preventiva no es garantía de sentencias condenatorias, aún en los casos en que nos parece evidente que deba ser así.

Pero esto tiene otros orígenes, porque si algo ha caracterizado a nuestro país es la justicia selectiva, en donde quienes más tienen y más pueden actúan al margen de la ley sin consecuencias legales, mientras que los que menos tienen son incriminados, sentenciados y no tienen acceso a los beneficios que les otorgan las leyes, aunque sean o resulten finalmente no culpables de los delitos que se les imputan.

Hoy se cuestiona al sistema penal acusatorio porque sólo una pequeña lista de delitos consignados en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional son considerados graves y la gravedad no está determinada por la pena que se impone sino porque afectan de manera importante los valores fundamentales de la sociedad.

La discusión se centra entonces en incrementar la lista de los delitos graves, que son los que de manera oficiosa están sujetos a prisión preventiva. En particular, se habla de la portación y/o acopio de armas de uso exclusivo del ejército, y de delitos cometidos por servidores públicos como el peculado, el cohecho o el enriquecimiento ilícito.

Pero el problema no se encuentra en lo que establece la normatividad en la materia; el problema no está en que se privilegie la presunción de inocencia y se busque que en la mayoría de los casos los procesos penales se lleven en libertad; el problema no está en que la prisión preventiva oficiosa sólo aplique para los delitos considerados graves a nivel constitucional o en las leyes aplicables en la materia

El problema real está en la operación de las normas jurídicas por parte de los órganos de procuración y de administración de justicia, en su falta de capacitación, en su inoperancia y hasta probablemente en la corrupción que impera en estos órganos. Todo indica que los 8 años de transición al nuevo sistema no han sido suficientes, para capacitar a los encargados de operarlo, ni para eliminar viejas prácticas que poco o nada tienen que ver con la justicia.

Ciertamente, puede haber insuficiencias en la Constitución y en las leyes en la materia sobre este tema. Pero la Carta Magna también prevé que la prisión preventiva puede proceder para cualquier delito que merezca pena privativa de la libertad (artículo 18) a solicitud del Ministerio Público cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para que el imputado comparezca en juicio, para garantizar el desarrollo de la investigación, para proteger a víctimas, testigos o a la comunidad.

En estricto sentido, no necesariamente debieran llevar sus procesos en libertad funcionarios acusados de delitos contra la administración pública que han demostrado que buscan evadir la justicia, ni quienes porten o acopien armas de uso exclusivo del ejército, así como en otro tipo de delitos no considerados graves. Para ello, se requiere de la petición del Ministerio Público y que el juez encuentre los elementos necesarios para decretarla.

Lo que no se dice es que de los más de los más de 6 mil consignados por portación de armas de uso exclusivo del ejército durante los últimos tres años, sólo a poco más de 140 se dictó como medida cautelar la prisión preventiva porque el ministerio público no acreditó fehacientemente, con datos, que se trataba de personas peligrosas y que casi 700 de ellos quedaron libres porque no se encontraron elementos para vincularlos a proceso.

Lo que no se dice es que varias de estas personas al ser detenidas se les presentó públicamente como parte de la delincuencia organizada y al final sólo se les consignó por portación de armas de uso exclusivo del ejército.

Sin duda, nos enfrentamos a la disyuntiva de incorporar a los delitos graves conductas que tienen un impacto en la sociedad como los delitos cometidos por servidores públicos (que generan la percepción social de impunidad) y la portación y acopio de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, (que de igual forma son mayoritariamente usadas por la delincuencia organizada), o esperar a que los sistemas de procuración y administración de justicia tengan una operación eficaz del sistema penal acusatorio y eviten prácticas de corrupción. No es una decisión sencilla, no parece haber garantía de que los órganos de justicia operen adecuadamente en el corto y mediano plazos, tampoco parece que la sociedad tenga la paciencia y la confianza para esperar a que la Constitución y las leyes en la materia se cumplan adecuadamente.

Quizá sea el momento de incorporar como delitos graves el peculado, el cohecho y el enriquecimiento ilícito, para que los mexicanos no se queden con la percepción de que la ley no alcanza a los políticos por más corruptos que sean. Quizá también sea momento de realizar las reformas pertinentes para que la portación y/o acopio de armas de uso exclusivo del ejército también sea un delito grave, frente al crecimiento de la violencia en el país. Que quede para la reflexión.

¡Muchas gracias y sean felices!

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