A GOBERNADORES

BRECHANDO

24-06-2022

Antonio Quevedo Susunaga

Los panistas no perdieron tiempo en responsabilizar al presidente Andrés Manuel López Obrador del asesinato de los padres jesuitas en Chihuahua, pero en esta ocasión, la respuesta del presidente es acertada y no se hizo esperar, al señalar que el asesinato cometido contra los religiosos es un delito del fuero común que le corresponde al gobierno estatal atender.

El presidente de la república se pregunta ¿A dónde están las policías de esa entidad? ¿Dónde está la Fiscalía de Chihuahua? ¿Qué está haciendo Maru Campos? ¿Qué está haciendo para detener a los responsables?

Es muy fácil decir que la responsabilidad de la violencia en el país son las fallidas estrategias del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer el presidente les responde a todos los gobernadores, los delitos del fuero común que se cometen en los estados son responsabilidad de los gobiernos estatales.

A esto hay que agregarle que el estado en donde asesinaron a los sacerdotes católicos jesuitas siempre ha sido gobernado por el PAN y el PRI, es de estos estados en donde el convenio con el narco que amarró el expresidente Felipe Calderón, a través de García Luna con el narco de Sinaloa, no en un estado, sino que operaban con los gobernadores en todo el país.

Estos lamentables hechos ocurrieron en la sierra Tarahumara, en donde asesinaron a los jesuitas Javier Campos y Javier Mora, dentro de su iglesia, en el municipio de Cerocahui.

El asesino es identificado como José Noriel Portillo, alias “El Chueco”, un presunto narco, que como dice el presidente no surgió ahora, sino que las autoridades estatales de Chihuahua lo han dejado operar, hasta financiaba un equipo de béisbol, motivo por el cual se desgranó la matanza.

Ante los hechos, los panistas “hipócritas” dice el presidente, me acusan a mí, cuando es responsabilidad del gobierno estatal, dado que es un delito del fuero común y la operación de esos grupos delictivos no es de ahorita.

Los gobernadores a lo largo de la historia siempre han negociado con los narcos de la entidad, en Sinaloa, es posible que no exista un solo gobernador que no haya entrado en negociación con los narcos, que prácticamente se han convertido en un poder paralelo. Esto mismo ocurre en los 32 estados del país, en donde los narcos son “los dueños de las plazas”, ellos mandan y hasta cobran “derecho de piso”, un impuesto paralelo a los que cobra el SAT.

En Sinaloa, hay una mala experiencia con muchos delitos del fuero común, que las autoridades estatales no investigan o qué simulan investigar, pero nunca se hace justicia. Es el caso de los asesinatos de periodistas Humberto Millán, Javier Valdez, Oscar Rivera y el último caso, Luis Enrique Ramírez. En algunos de estos casos, las autoridades para lavarse las manos enviaron el caso a la federación, que encarpeto y archivó las investigaciones.

Es hora de que los gobernadores asuman la responsabilidad de los homicidios y hechos de violencia del fuero común, y eviten considerar que son delitos federales para “lavarse las manos” y no “romper los pactos que tienen con la delincuencia organizada”.

Y como ejemplo, vemos como Guanajuato, gobernado por panista, entre ellos, Vicente Fox Quezada, están convertidos en polvorín por el alto índice de homicidios cometidos por la delincuencia organizada, que le corresponde al fuero común y que es responsabilidad del gobierno en turno. Esto mismo ocurre en Tamaulipas, Jalisco, Chihuahua y las entidades que son gobernadas por panistas.

El señalamiento del presidente López Obrador es muy relevante porque incluye no sólo a los gobiernos panistas, sino a los de Morena, que actualmente gobiernan 20 estados en el país y tienen la obligación de brindarle la seguridad a 70 millones de mexicanos.

antonio_brecha@live.com.mx

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