BRECHANDO
20-07-2022
Antonio Quevedo Susunaga
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó una investigación contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro, que amparo a la empresa Iberdrola para que no pagara los 9 mil millones de pesos que le debe al gobierno mexicano, esta acción alertó al presidente que ordenó una investigación y de haber elementos, seguramente ese juez puede terminar en la cárcel.
La Comisión Reguladora de Energía le impulso la multa a Iberdrola, que deberá pagar la cifra de 9 mil millones de pesos; sin embargo, este hecho molestó a López Obrador, que considera que se procederá contra el juez.
Se habla que se presentaron pruebas en forma extemporales como también se dice que hay falsificación de documentos.
Este hecho está en el terreno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que, se advierte que puede estar procediendo sin el fundamento legal debido a que hay facturas que ha extendido Iberdrola y que representa una violación a la Constitución.
Es muy posible que, al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar debe intervenir para poner orden, a través del Consejo de la Judicatura, o de lo contrario el presidente tendrá que presentar una reforma constitucional para terminar con los vacíos legales que los jueces y magistrados utilizan para hacer dinero.
La misma Suprema Corte declaró que la venta de energía, que hizo Iberdrola, es un fraude, aun con estos antecedentes el juez determina proteger a la citada empresa.
Es urgente que el presidente de la república ponga atención especial, en el proceder de los jueces y magistrados federales, que han hecho lo que se les pega la gana de acuerdo a sus intereses.
El asunto no debe quedar únicamente en las acciones contra jueces federales presuntamente corruptos, que han favorecido a los intereses de las grandes empresas extranjeras.
El otro tema es que los gobiernos de los estados deben prender las alertas rojas en los Supremos Tribunales de Justicias y las fiscalías generales de justicias, federal y estatales, que se advierte no están haciendo su trabajo y en cada caso lo evidencian.
El Poder Judicial está en deuda con los ciudadanos, no puede seguir siendo un espacio público en donde el negocio es para grupos de poder político, porque el pésimo trabajo que realizan se refleja con una impunidad del 96 por ciento.
Es evidente que mientras las fiscalías no funcionen, la prevención de los delitos no arroje resultados y las investigaciones no se realicen, los mexicanos seguirán esperando que se haga justicia.
El asunto es que las policías preventivas deben hacer su tarea, en muchos de los retenes que imponen los policías son para pedir dinero, esto lo deben investigar el presidente municipal de Culiacán, Ahome y Mazatlán. Los ciudadanos no les tienen confianza a las policías municipales y tampoco a las del Estado, porque históricamente han trabajado para la delincuencia y no para los ciudadanos.
El presidente López Obrador y los gobernadores de Morena podrán afirmar que han logrado la transformación, cuando hayan logrado reducir los altos índices de violencia que perduran en México.
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